Desde el sector destacaron que se legisle en esta materia. A su vez, pidieron precisar temas como la seguridad de los trabajadores y sanciones.
Muy cerca de convertirse en ley está el proyecto que modifica la Ley General de Pesca y Acuicultura con la finalidad de exigir la remoción de sedimentos a los titulares de concesiones de acuicultura. En la industria salmonera valoran la iniciativa y destacan el avance que significa en materia de recuperación de fondos marinos. El Presidente de la Asociación de Salmonicultores de Magallanes, Carlos Odebret, explicó que se trata de un proyecto que actualizará la normativa vigente y que busca consagrar como ley el problema con los residuos orgánicos e inorgánicos de la operación acuícola.
'Se hace una actualización de una manera inteligente en el sentido de que promueve el uso de tecnologías para mejorar las condiciones que ya han sido probadas y que han mostrado resultados positivos', señaló. Odebret precisó que la aplicación de estas medidas conllevará un alza en los costos. 'Habrá que invertir en tecnologías y esa inversión va a aumentar los costos de operación, pero en términos importantes mejora la situación ambiental', afirmó. El office managing partner de EY Patagonia, Mario Rodríguez, coincidió y señaló que 'en principio, es esperable que los titulares de las concesiones o, en su defecto, aquellos que las están arrendando, tengan que incurrir en mayores gastos o costos, puesto que el llevar a cabo estudios del fondo marino y diseñar planes para la posterior remoción de los residuos va a generar salidas de efectivo de las compañías'. La directora ejecutiva del Consejo del Salmón, Joanna Davidovich, dijo que compartía el objetivo del proyecto y que para el sector era prioritario el resguardo del fondo marino. Pero pidió mayor precisión en algunos puntos de las iniciativas.
'Hay algunos puntos que deberían precisarse para resguardar la seguridad de los trabajadores en la recolección de residuos, así como sancionar con caducidad sin poder enmendar errores, porque genera la pérdida de un área para la actividad económica en la región', manifestó. Un tema que debería tener mayor claridad, dijo el gerente sénior de Sostenibilidad de EY, Nicolás Calderón, son los planes de rehabilitación de fondos marinos que plantea el proyecto de ley. '¿Existe la tecnología adecuada para llevar una adecuada rehabilitación? Si bien en otros países podría existir, dadas las condiciones ambientales como la profundidad podría no ser aplicable en lo inmediato a nuestra realidad', apuntó. Calderón agregó que cree que también es importante que el Estado asuma un rol más activo en materia de desarrollo de los planes de investigación propuestos en la iniciativa. 'Permitiría darles mayor objetividad y certeza a los estudios que deben realizar los titulares de las concesiones', manifestó.
El presidente de SalmonChile, Arturo Clément, celebró que se avance en mayores exigencias ambientales que compatibilizan adecuadamente con el desarrollo económico. 'Otro punto importante a destacar es que el proyecto le otorga espacio a la autoridad para fijar y adaptar los planes de remediación e investigación que deben presentar los titulares de las concesiones, ante las distintas condiciones geográficas y ambientales que presentan las diferentes zonas donde se emplazan los centros de cultivo', afirmó. El director de pesquerías de Oceana, César Astete, recalcó que la discusión legislativa debe asegurar que las soluciones tengan una base científica que las avale. 'Se debe reforzar que estamos hablando de la responsabilidad de los titulares de la concesión y del Estado por tratarse de bienes comunes. En ese sentido, que la norma sea aplicable a todas las concesiones sin excepción y con certificación de un organismo público', apuntó.
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